La seguridad alimentaria no solo es un tema de discusión a nivel centroamericano, sino también a escala global. Así lo reflejan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el Objetivo 2 propone “Poner fin al hambre”, exigiendo una atención inmediata y coordinada de los gobiernos, dado que el hambre y la malnutrición constituyen obstáculos para el desarrollo sostenible.
Hablar de seguridad alimentaria no es únicamente garantizar el acceso físico a los alimentos, sino también considerar aspectos sociales, como la inclusión de todas las personas —sin distinción de etnia, religión, género, edad o condición migratoria— en la formulación de planes y políticas públicas. Asimismo, deben contemplarse factores económicos, como precios accesibles, acceso a empleos y salarios dignos que permitan adquirir la canasta básica sin tener que elegir entre alimentarse o cubrir otras necesidades esenciales.
Centroamérica ha sido históricamente una región agrícola. Su modelo de producción incluye unidades productivas familiares, orientadas a la subsistencia, y empresas agrícolas dedicadas a la producción a gran escala para el comercio nacional e internacional. No obstante, a pesar de esta vocación productiva, las cifras revelan altos índices de desnutrición, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. Según el ICEFI, entre 2020 y 2022, 19.4 millones de personas en estos tres países sufrieron inseguridad alimentaria, de las cuales 7.1 millones enfrentaron una situación grave.
La agricultura, como eje central de la seguridad alimentaria, requiere atención prioritaria. Enfrenta desafíos complejos como el cambio climático, la desigualdad estructural, su lenta transformación tecnológica y la escasez de mano de obra.
El cambio climático ha intensificado los efectos del corredor seco que se extiende desde Guatemala hasta Panamá, afectando la producción de alimentos, especialmente entre quienes cultivan maíz y frijol para autoconsumo. La pérdida constante de cosechas ha llevado a muchas familias a optar por la migración como alternativa de supervivencia.
La desigualdad estructural también profundiza la inseguridad alimentaria, reflejada en la concentración de la tierra en manos de una minoría que controla la mayor parte de las empresas agrícolas. Esta situación limita las oportunidades de los pequeños productores para acceder a mercados y comercializar sus productos.
La agricultura familiar o campesina representa una vía estratégica para reducir la desnutrición. No obstante, sin acceso a tierra, el modelo se vuelve inviable. Es crucial establecer mecanismos de apoyo como acceso a crédito, asistencia técnica, tecnología y canales de comercialización para enfrentar fenómenos como el cambio climático.
La transformación tecnológica en el sector agrícola sigue siendo un reto. La falta de acceso a nuevas tecnologías y la dificultad en su adopción —especialmente entre pequeños productores— obstaculizan una transición hacia una agricultura sostenible. Esta transición es clave para generar resiliencia climática, aumentar la rentabilidad y atraer a las juventudes al sector agrícola.
Para avanzar hacia la seguridad alimentaria en Centroamérica, es fundamental reconocer y valorar los conocimientos y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, quienes representan una parte significativa de la población. Su aporte no solo contribuye a reducir el hambre, sino también a conservar los recursos naturales. Naciones Unidas, durante la COP 23 celebrada en Bonn, Alemania (2017), reconoció su rol en la acción climática, especialmente a través de sus modelos agrícolas.
Los pueblos indígenas de Centroamérica promueven un modelo de producción basado en la soberanía alimentaria, entendida como el derecho a definir sus propias políticas y estrategias de distribución y consumo de alimentos, respetando los recursos naturales e incorporando prácticas como la agroecología y la permacultura.
Este enfoque ha permitido el desarrollo de modelos exitosos, fortaleciendo la gobernanza comunitaria y fomentando el desarrollo económico mediante cooperativas agrícolas. Estas no solo garantizan el acceso a alimentos, sino que también permiten comercializar excedentes y generar valor agregado a través de cadenas productivas más rentables.
La agricultura indígena constituye una alternativa sostenible frente a los desafíos de seguridad alimentaria en la región. Basada en el respeto a la Madre Tierra, el uso de semillas criollas y el conocimiento ancestral, esta propuesta es vital para enfrentar el cambio climático y erradicar el hambre. Es momento de impulsar una convergencia de saberes que reconozca su valor y permita replicar sus modelos a nivel regional, fortaleciendo la soberanía alimentaria y el bienestar de las comunidades afectadas por el hambre.