Guatemala atraviesa en este momento una coyuntura política compleja en la que el sistema de pesos y contrapesos institucionales se encuentra en juego. El relevo simultáneo de autoridades en diferentes instancias clave del entramado institucional del país ha hecho que el 2026 sea considerado por diversos analistas y expertos en la materia como el año de la justicia para Guatemala. No es para menos, puesto que el resultado de esos procesos definirá el rumbo que puedan tomar las elecciones generales del 2027 y los esfuerzos que se vienen realizando en torno al fortalecimiento democrático del país. Los resultados poco convencionales de las elecciones del 2023, así como la de otros procesos de elección que han tenido lugar posteriormente como la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), dan cuenta de una ventana de oportunidad que no se puede desaprovechar para reencausar el trayecto democrático del país y revertir el proceso de cooptación institucional que ha tenido lugar paulatinamente desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG).
En los últimos años se ha cuestionado el modelo de comisiones de postulación para la designación de autoridades en el sistema político guatemalteco, al considerar que este modelo está agotado y no provee las condiciones necesarias para que perfiles idóneos e independientes ocupen los puestos de las altas magistraturas del país. Si bien esta es una discusión que merece su espacio en el debate público, ahora que nos encontramos en medio del proceso de recambio sería políticamente ingenuo, e incluso irresponsable, encasillarse en esa discusión. Entendiendo que las reglas del juego no van a cambiar en un futuro inmediato, la coyuntura obliga a comprender esas reglas para identificar ámbitos de acción que permitan obtener el mejor resultado posible bajo las condiciones que rigen los procesos de designación actualmente.
De primas a primera es importante reconocer que, como juventudes, como miembros de organizaciones de sociedad civil y como ciudadanos de a pie, tenemos una labor de auditoría social que nos permite incidir sobre los representantes que integran los diferentes procesos de designación y de comisiones de postulación vigentes. Para ello el primer paso está en informarse y replicar la información para aquellos que no dimensionan la cuota de incidencia que ostentan en el desarrollo de las elecciones de segundo grado, en las cuales una parte de quienes hoy están evaluando perfiles y eligiendo aspirantes entre nóminas de candidatos, el día de mañana dependerán del voto popular/gremial/sectorial para sostener su carrera política o su cuota de poder en el sistema.
Como estudiantes universitarios, la juventud tiene un rol adicional de auditoría, específicamente en los que respecta a las comisiones de postulación en las cuales los rectores y decanos de derecho/económicas de las universidades del país tiene su asiento reservado. En un momento político en el que la única universidad pública del país se encuentra cooptada, los estudiantes de las universidades privadas tienen el deber moral, ético y cívico de presionar para que las autoridades de sus respectivas casas de estudios rindan cuentas sobre las decisiones que toman en los espacios asignados al sector académico en las diferentes etapas de depuración de perfiles y para ello los medios a su alcance son variados.
Hoy en día las redes sociales han demostrado su capacidad de incidencia a través de la construcción de sujetos colectivos con capacidad de colocar temas en la agenda pública y de condicionar el actuar de los actores en el poder. Más que un espacio para expresar el descontento, estas plataformas se han convertido en arenas de combate político que no se deben subestimar y que se suman al repertorio de protesta y auditoría de la juventud que en caso de articular estrategias de incidencia con organismos internacionales, observadores independientes del proceso y tanques de pensamiento, contribuyen a la identificación de falencias y a dotar de transparencia a las diferentes etapas en los procesos de designación de autoridades de segundo grado.
Sin embargo, no basta con transparentar y vigilar el proceso para que este se desarrolle en las mejores condiciones posibles. La transparencia y la rendición de cuentas evidencian irregularidades y someten a los cargos públicos a mecanismos de control y auditoria social, pero esto no es suficiente para reivindicar el deterioro institucional que atraviesa el país, sobre todo en el sector justicia. Aunque las juventudes no podemos optar a un cargo dentro de estas instituciones, las acciones de incidencia deben articular esfuerzos con sociedad civil para “apadrinar” candidaturas independientes de perfiles que resulten idóneos para ocupar los espacios de poder que quedarán vacantes en los próximos meses, tal y como ha sucedido ya en las elecciones del CANG en hasta tres eventos distintos en el último año.
Con los resultados de estos procesos de elección, que en última instancia llevaron a los profesionales Astrid Lemus y Fernando Bermejo a ocupar una de las sillas vacantes de la Corte de Constitucionalidad para la próxima magistratura, crece el optimismo de perfiles profesionales que en otras circunstancias no correrían con el riesgo que implica presentar su candidatura y aspirar a estos puestos. El acompañamiento que desde sociedad civil se puede brindar a estos aspirantes adquiere especial relevancia bajo las condiciones políticas actuales de cara a los procesos que aún están pendientes como la designación en la Contraloría General de Cuentas, en el Ministerio Público e incluso en la misma Corte de Constitucionalidad que aún tiene pendiente la designación de cuatro magistraturas titulares y cuatro suplentes.
Ante la ola de procesos de recambio de actores que se desarrollan de manera simultánea durante el 2025, el peor enemigo para el futuro de la justicia y la democracia del país es la falta de información, la indiferencia y la poca capacidad de articulación entre sociedad civil para impulsar los perfiles que esperamos ocupen un puesto en altas esferas de gobierno y del sector justicia. Como juventud, la coyuntura nos exige estar atentos, auditar los procesos y replicar la información para propiciar esfuerzos de acción colectiva sostenibles para el fortalecimiento democrático del país. Sin embargo, cumplir este papel implica también establecer alianzas con otros actores del ecosistema político guatemalteco para incidir en los procesos y defender el terreno ganado. La estrategia pasa por entender, replicar, articular y defender para no quedarnos como simples espectadores en un momento crucial para la democracia del país.