“Las mujeres pertenecen a todos los espacios en los que se toman decisiones”. Así lo afirmaba Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos y una de las figuras más influyentes en la defensa de la igualdad de género.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo, el mundo vuelve a mirar con atención el lugar de las mujeres en la vida pública. No es una conmemoración retórica. Llega en un tiempo marcado por guerras, tensiones geopolíticas, retrocesos democráticos y el resurgimiento de discursos autoritarios que normalizan la fuerza como método y la exclusión como programa.
En ese contexto, lo decisivo no es únicamente cuántas mujeres están llegando a los espacios de poder, sino qué tipo de proyecto público se vuelve posible cuando se amplía la participación. Más mujeres en la toma de decisiones no garantiza por sí mismo la paz o la democracia, pero sí abre la puerta a agendas históricamente relegadas: la defensa de los derechos, la reducción de desigualdades, la protección de la vida, la cooperación entre los pueblos y el fortalecimiento de instituciones capaces de resistir el autoritarismo.
Durante décadas, el acceso de las mujeres a los espacios de poder estuvo limitado por estructuras políticas, sociales y culturales profundamente arraigadas. Sin embargo, el siglo XXI está marcando un cambio significativo. Hoy vemos a mujeres liderar gobiernos, empresas, universidades, movimientos sociales, proyectos científicos y expresiones culturales que están redefiniendo el rumbo de nuestras sociedades.
Este avance, aunque todavía incompleto, es evidente. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, menos de una cuarta parte de los escaños parlamentarios del mundo están ocupados por mujeres y apenas una veintena de países cuentan con una mujer como jefa de Estado o de gobierno. Las cifras reflejan que la igualdad plena aún es una tarea pendiente, pero también muestran el camino recorrido en las últimas décadas.
América Latina ha sido una de las regiones donde el liderazgo de las mujeres en la política ha ganado mayor visibilidad. A lo largo de las últimas décadas, distintas lideresas han llegado a la presidencia de sus países y han demostrado que el ejercicio del poder puede construirse desde otras perspectivas. Violeta Chamorro en Nicaragua, quien abrió un camino histórico en 1990, Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, Laura Chinchilla en Costa Rica, Xiomara Castro en Honduras y, más recientemente, Claudia Sheinbaum en México, forman parte de una trayectoria regional que ha ampliado los horizontes de la representación política. Hoy continúan emergiendo nuevas figuras, como Laura Fernández, recientemente electa en Costa Rica, reflejando una transformación gradual en el acceso de las mujeres a los más altos espacios de decisión.
Al mismo tiempo, el liderazgo de las mujeres se expresa con fuerza en las vicepresidencias y otros espacios clave de gobierno. En Guatemala, Karin Herrera, y en República Dominicana, Raquel Peña, forman parte de una generación de mujeres que participan activamente en la conducción de sus países. En la región, liderazgos como los de Epsy Campbell en Costa Rica y Francia Márquez en Colombia han ampliado también el horizonte de representación política, incorporando voces históricamente excluidas en los más altos espacios de decisión.
Este cambio también comienza a reflejarse en los espacios de gobernanza global. Recientemente, Melania Trump presidió una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un hecho poco habitual para una primera dama en funciones. La reunión, dedicada a la protección de la niñez y al impacto de la tecnología en contextos de conflicto, se realizó durante la presidencia rotatoria de Estados Unidos en el organismo. Más allá del contexto político del momento, su participación evidenció cómo las mujeres continúan ocupando espacios cada vez más visibles incluso en los foros más influyentes de la gobernanza internacional.
La transformación también se observa en el debate global sobre el liderazgo internacional. En el actual proceso para la próxima Secretaría General de las Naciones Unidas, distintos análisis señalan que siete de las once candidaturas mencionadas corresponden a mujeres. Entre ellas se encuentra la diplomática ecuatoriana Ivonne Baki, reconocida por su trayectoria en la promoción del diálogo internacional y la cooperación. De concretarse esta tendencia, la organización podría dar un paso histórico: elegir por primera vez a una mujer como Secretaria General.
Pero el aporte de las mujeres no se limita a la política. En América Latina y el Caribe, miles de mujeres lideran empresas, impulsan investigaciones científicas, dirigen universidades, crean expresiones culturales de alcance global y desarrollan proyectos sociales que transforman comunidades enteras.
En Centroamérica, particularmente, el liderazgo de las mujeres se manifiesta en múltiples ámbitos: en el mundo empresarial, donde cada vez más mujeres dirigen compañías e impulsan procesos de innovación; en la ciencia, donde investigadoras aportan soluciones a desafíos globales como la salud o el cambio climático; en la cultura y el arte, donde creadoras están redefiniendo las narrativas que explican nuestra identidad regional; y en la vida comunitaria, donde miles de lideresas sostienen el tejido social de nuestras sociedades.
Las mujeres también han sido protagonistas en momentos decisivos de nuestra historia reciente. Han participado en procesos de diálogo, en iniciativas de construcción de paz y en la defensa de los derechos humanos. Su aporte ha sido fundamental para fortalecer la convivencia democrática y abrir caminos de reconciliación en sociedades marcadas por conflictos.
En Guatemala, esta reflexión adquiere un significado particular. El país conmemora cuarenta años de vida democrática y treinta años de la firma de los Acuerdos de Paz, procesos profundamente vinculados al impulso regional de los Acuerdos de Esquipulas. En ese camino, muchas mujeres han sido protagonistas en la defensa de los derechos humanos, en la construcción de acuerdos y en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Reconocer su participación no es solo una cuestión de justicia, sino una condición para que la democracia sea más sólida y representativa.
Como he mencionado en distintas oportunidades, diversos estudios demuestran que la mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos no es únicamente un acto de justicia, sino también una decisión estratégica para el desarrollo de nuestras sociedades. El Banco Mundial estima que eliminar las barreras que limitan la participación económica de las mujeres podría aumentar el ingreso per cápita de los países hasta en un 20 % en el largo plazo. No todo puede medirse únicamente en términos de producto interno bruto, pero la evidencia es clara: cuando las mujeres participan plenamente en la economía, la política y la vida pública, las sociedades tienden a ser más prósperas, más estables y más capaces de generar bienestar colectivo.
El Día Internacional de la Mujer es, por tanto, mucho más que una conmemoración. Es una oportunidad para reafirmar una convicción fundamental: el desarrollo sostenible, la paz y la democracia solo pueden construirse cuando todas las voces están presentes en el espacio público.
En un mundo atravesado por crisis globales, desde el cambio climático hasta la transformación tecnológica, el liderazgo de las mujeres representa una fuente indispensable de visión, creatividad y responsabilidad pública.
Por eso, este 8 de marzo, el mensaje es claro.
Las mujeres pertenecemos a todos los espacios de toma de decisiones: en los laboratorios donde avanza la innovación científica, en los escenarios donde se expresa la cultura de nuestros pueblos, en las empresas que impulsan el desarrollo económico y, por supuesto, en los espacios donde se construye y se defiende la democracia.