Honduras se aproxima a un nuevo ciclo electoral en 2025, un momento definitorio que pondrá a prueba la madurez de nuestras instituciones y el compromiso de nuestra ciudadanía. El contexto regional nos exige fortalecer los pilares democráticos, y aunque las coyunturas políticas actuales sobre los órganos electorales y la gobernanza puedan generar un debate intenso, es imperativo no centrar nuestro enfoque en la desconfianza. Hacerlo sería caer en una narrativa polarizante que contradice el espíritu de diálogo y construcción de paz y reconciliación que urgentemente necesitamos.
La democracia no es un evento pasivo que le sucede a la ciudadanía; es un ejercicio activo que se construye desde ella. Ante los desafíos institucionales, la respuesta más constructiva y estratégica no es la parálisis ni el activismo confrontativo, sino la participación organizada y propositiva. La sociedad civil hondureña está llamada a ser la protagonista de este proceso, no como un ente fiscalizador antagónico, sino como un garante conciliador y un pilar para el fortalecimiento institucional.
El verdadero antídoto contra la incertidumbre es la transparencia activa, y esta la provee la observación electoral ciudadana. Desde mi experiencia en la gestión del voluntariado a nivel nacional, he constatado que existe una reserva moral y cívica dispuesta a participar. Debemos canalizar esa energía. La observación electoral no debe ser vista solo como un mecanismo de auditoría, sino como un acto de construcción de consenso. Cuando los ciudadanos voluntarios se apropian del proceso, vigilando y participando en las mesas, se convierten en constructores directos de la paz y la legitimidad.
Sin embargo, este protagonismo ciudadano será incompleto si no es genuinamente inclusivo. La calidad de nuestra democracia no se mide solo por la ausencia de conflicto, sino por la presencia activa de todas las voces. En los últimos años, siendo parte de la propuesta y ejecución de programas de inclusión y participación política de la mujer, he constatado que esta barrera es latente y persiste, especialmente en zonas rurales y para personas con discapacidad, debido a la poca atención e inclusión real en las agendas de las propuestas políticas y los planes de gobierno. No podemos permitirnos un proceso que, en la práctica, excluya sistemáticamente a las personas con discapacidad por falta de accesibilidad, o que relegue a las mujeres a roles secundarios en la toma de decisiones locales. Nuestra observación debe tener un enfoque de inclusión, asegurando que cada voto emitido sea un voto informado y accesible.
Este rol vigilante se extiende ineludiblemente al ecosistema digital. La desinformación es una amenaza directa a la voluntad popular y un catalizador de la polarización. Combatirla no es solo una tarea tecnológica, sino cívica. Es fundamental la capacitación en tecnologías de la información para ser vigilantes del buen uso de estas herramientas.
Por ello, es vital sumarse a iniciativas estructuradas como el “Compromiso por la Integridad Informativa Electoral”. Esta es una iniciativa clave promovida por la Coalición Nacional para la Integridad de la Información (CNII), que, con el valioso apoyo de la Unión Europea, la Embajada de España, la AECID y el PNUD, busca generar respuestas coordinadas y preventivas ante este fenómeno. Como presidenta de la Red Humanista por Latinoamérica, me enorgullece que seamos una de las organizaciones firmantes de este compromiso, asumiendo un rol activo para asegurar la integridad de la información en este año clave para la democracia hondureña.
Reafirmo que el humanismo aplicado a la política busca dignificar el proceso, centrando el debate en las personas y no en las pugnas de poder. La sociedad civil organizada debe ser ese espacio de reflexión plural que evalúe los modelos políticos sin generar distanciamiento, proponiendo soluciones que fortalezcan la cooperación.
Finalmente, este llamado a la construcción democrática debe ser una condena rotunda a la violencia política, especialmente la dirigida hacia las mujeres. No podemos construir un país más justo si las campañas ponen en riesgo la integridad y la vida de las mujeres que participan en política. Las mujeres constituimos el 53.4% de la población total en Honduras; asegurar nuestra participación plena, libre y segura no es una concesión, es la base de la legitimidad democrática. La sociedad civil debe ser la primera en rechazar y denunciar cualquier forma de violencia que busque silenciar estas voces.
El proceso de 2025 es una oportunidad para que la sociedad civil hondureña demuestre su capacidad de resiliencia y su compromiso con la paz. En lugar de cerrar puertas, debemos abrirlas mediante el diálogo estructurado y la participación técnica. La consolidación de nuestra democracia no depende exclusivamente de los actores políticos tradicionales; depende, en gran medida, de nuestra capacidad como ciudadanos para organizarnos, observar, proponer y construir un consenso activo. Asumamos ese rol con neutralidad, objetividad y un profundo sentido constructivo.